MANIFIESTO SOCIALISTA
25 DE NOVIEMBRE, UN MUNDO SIN VIOLENCIA DE GENERO,
25 DE NOVIEMBRE, UN MUNDO SIN VIOLENCIA DE GENERO,
UN MUNDO, SIN DISCRIMINACIÓN.
El PSOE, como cada 25 de noviembre, como todos y cada uno de los días del año se manifiesta junto con la sociedad española, contra la violencia de género, la manifestación más brutal de la desigualdad que aún persiste en nuestra sociedad.
Luchar contra ella, combatirla hasta que desaparezca de nuestras vidas, debe convertirse en un compromiso social de la máxima prioridad. Se trata de una cuestión de derechos humanos y de disfrute de libertades fundamentales.
Derechos y libertades absolutamente incompatibles con el miedo de una mujer a ser agredida, precisamente en el espacio donde las personas nos debemos sentir más seguras, el espacio de nuestra intimidad familiar, y precisamente además, por la persona con la que la mujer ha mantenido o mantiene una relación afectiva y de confianza.
El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, definió con toda la crudeza de la realidad a la violencia de género como una manifestación del “machismo criminal”.
Existe machismo tras la percepción de propiedad y especialmente de dominio, que los maltratadores proyectan sobre sus parejas, dentro de un esquema de relaciones sociales aún claramente discriminatorias en relación con la mujer, con la subsistencia de diferentes roles de comportamiento en función del género.
Es criminal la violencia sobre la mujer, porque es un crimen atentar contra su vida, su integridad física, su derecho a la libertad, al respeto, a la capacidad de decisión y a la autoestima.
La Constitución Española incorpora en su artículo 15 el derecho a la vida, a la integridad física y moral, sin que en ningún caso, nadie pueda ser sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos y degradantes. Estos derechos, según nuestra Constitución vinculan a todos los poderes públicos y su ejercicio debe ser regulado por Ley.
Por ello, constituyen un verdadero compromiso social, los avances legislativos en materia de lucha contra la Violencia hacia las mujeres, muy especialmente la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, una decidida apuesta para responder al déficit de ciudadanía que representa la agresión contra las mujeres.
Esta Ley ha sido impulsada por las asociaciones de mujeres y colectivos en defensa de la igualdad, cuyo papel ha sido determinante. Elaborada por el Gobierno Socialista, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, en cumplimiento de nuestro Programa Electoral, ha sido aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos, el pasado mes de diciembre de 2004.
Es un instrumento legal, pionero en Europa y en el mundo, que lleva a cabo una importante modificación de nuestro ordenamiento jurídico, en materia de prevención a través de la educación y la publicidad, estableciendo el derecho a la asistencia social integral y generando los mecanismos legales y recursos para hacerla efectiva, en coordinación con las CC.AA., titulares de esta competencia.
Reconoce asimismo derechos económicos, a través de ayudas financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; derechos laborales, como la reducción del tiempo de trabajo, movilidad geográfica, y reserva del puesto de trabajo, acceso a viviendas protegidas y residencias para mayores; atención sanitaria especializada; derecho a la información y asesoramiento especializado y adecuado a su situación; derecho a la asistencia jurídica gratuita.
La tutela institucional, imprescindible para desarrollar esta Ley y combatir el maltrato, se establece a través de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, a través de la especialización y coordinación en esta materia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y a través de la creación de la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer.
La tutela penal expresa con contundencia la protección a la mujer contra las lesiones, malos tratos, amenazas, coacciones, quebrantamiento de condena o vejaciones y endurece las penas por la comisión de estos delitos.
Luchar contra ella, combatirla hasta que desaparezca de nuestras vidas, debe convertirse en un compromiso social de la máxima prioridad. Se trata de una cuestión de derechos humanos y de disfrute de libertades fundamentales.
Derechos y libertades absolutamente incompatibles con el miedo de una mujer a ser agredida, precisamente en el espacio donde las personas nos debemos sentir más seguras, el espacio de nuestra intimidad familiar, y precisamente además, por la persona con la que la mujer ha mantenido o mantiene una relación afectiva y de confianza.
El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, definió con toda la crudeza de la realidad a la violencia de género como una manifestación del “machismo criminal”.
Existe machismo tras la percepción de propiedad y especialmente de dominio, que los maltratadores proyectan sobre sus parejas, dentro de un esquema de relaciones sociales aún claramente discriminatorias en relación con la mujer, con la subsistencia de diferentes roles de comportamiento en función del género.
Es criminal la violencia sobre la mujer, porque es un crimen atentar contra su vida, su integridad física, su derecho a la libertad, al respeto, a la capacidad de decisión y a la autoestima.
La Constitución Española incorpora en su artículo 15 el derecho a la vida, a la integridad física y moral, sin que en ningún caso, nadie pueda ser sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos y degradantes. Estos derechos, según nuestra Constitución vinculan a todos los poderes públicos y su ejercicio debe ser regulado por Ley.
Por ello, constituyen un verdadero compromiso social, los avances legislativos en materia de lucha contra la Violencia hacia las mujeres, muy especialmente la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, una decidida apuesta para responder al déficit de ciudadanía que representa la agresión contra las mujeres.
Esta Ley ha sido impulsada por las asociaciones de mujeres y colectivos en defensa de la igualdad, cuyo papel ha sido determinante. Elaborada por el Gobierno Socialista, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, en cumplimiento de nuestro Programa Electoral, ha sido aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos, el pasado mes de diciembre de 2004.
Es un instrumento legal, pionero en Europa y en el mundo, que lleva a cabo una importante modificación de nuestro ordenamiento jurídico, en materia de prevención a través de la educación y la publicidad, estableciendo el derecho a la asistencia social integral y generando los mecanismos legales y recursos para hacerla efectiva, en coordinación con las CC.AA., titulares de esta competencia.
Reconoce asimismo derechos económicos, a través de ayudas financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; derechos laborales, como la reducción del tiempo de trabajo, movilidad geográfica, y reserva del puesto de trabajo, acceso a viviendas protegidas y residencias para mayores; atención sanitaria especializada; derecho a la información y asesoramiento especializado y adecuado a su situación; derecho a la asistencia jurídica gratuita.
La tutela institucional, imprescindible para desarrollar esta Ley y combatir el maltrato, se establece a través de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, a través de la especialización y coordinación en esta materia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y a través de la creación de la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer.
La tutela penal expresa con contundencia la protección a la mujer contra las lesiones, malos tratos, amenazas, coacciones, quebrantamiento de condena o vejaciones y endurece las penas por la comisión de estos delitos.
Finalmente, en cumplimiento de la Ley Integral se han puesto en marcha en todo el territorio español 435 juzgados de violencia sobre la mujer, desde el pasado 29 de junio de 2005, reforzados tres meses después con 7 más. El Gobierno ha anunciado además la próxima creación de al menos 1 Juzgado de Violencia de carácter exclusivo en cada Comunidad Autónoma, añadidos a los que ya están en marcha.
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